Por la compra simulada de un tomógrafo de 13.8 millones de pesos; defensa legal impugnará

El Juzgado Segundo de lo Penal ratificó la sentencia de seis años y nueve meses de prisión al ex gobernador, Luis Armando Reynoso Femat, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público, derivado de la compra simulada de un tomógrafo.

La determinación emitida el pasado miércoles 14 de junio por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, obliga al panista a pagar los 13.8 millones de pesos que costó el aparato y una multa de 11 mil 731 pesos para reparar los daños al patrimonio estatal, además de lo inhabilita para ejercer el servicio público. En dicha compra, a favor de la empresa Logística y Asesoría Comercial, también participaron los ex titulares de Finanzas y Salud, Raúl Gerardo Cuadra García y Ventura Vilchis Huerta, así como el funcionario José Gilberto Delgadillo Medellín. Este es uno de tres procesos judiciales abiertos actualmente en contra de Reynoso Femat.

Tras el aviso, el abogado Gastón Adán Zamarripa informó por medio de un comunicado que el panista no ingresará a prisión gracias a la libertad bajo caución de la que goza, ya que el delito no está considerado como grave y puede ser conmutable mediante la reparación del daño: “La sentencia emitida en el toca penal 119/2017 no tiene como consecuencia que Reynoso Femat pierda su libertad”.

El defensor lega Reynoso Femat aclaró que la sentencia de segunda instancia no es definitiva y que será impugnada ante instancias federales, con el objeto de demostrar la inocencia del ex mandatario.

“De acuerdo a los procedimientos, se cuenta con la oportunidad de presentar amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito; es ahí, donde se estaría resolviendo en definitiva el presente asunto”.

“Por las cuestiones que se están planteando, este asunto también podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que se están resolviendo cuestiones de constitucionalidad, siendo este un requisito para que la Corte admita la revisión. Así y de no prosperar el amparo directo, corresponderá a los Ministros de la Suprema Corte resolver sobre el asunto del extinto Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes”.