El Gobierno Federal no ha definido si apoyará económicamente a los estados para que implementen el nuevo modelo de justicia. La reforma constitucional que prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de juzgados laborales costará por lo menos 50 millones de pesos, estimó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce Sánchez.

Recientemente fue presentado a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom) el proyecto para la construcción de un edificio con seis salas, valuado en 20 millones de pesos, a lo que hay que sumar los costos del equipamiento por un millón y medio de pesos. Además, los gastos operativos de cada uno de los seis juzgados que se pretende crear será de aproximadamente cinco millones de pesos, considerando una plantilla básica de 20 trabajadores por cada uno.

El nuevo modelo de justicia laboral todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF); pero cuando esto suceda, se contará con un año para su implementación. Sin embargo, el Gobierno Federal no ha informado si dará apoyo financiero a los estados para que lleven a cabo los cambios.

“El gran problema que tenemos en los Poderes Judiciales de los estados es que la Federación nos arroja cargas que desafortunadamente no van acompañados de programas de apoyo. En todas las reformas que ha habido no se ha apoyado y quien tiene que absorberlo son los poderes de los estados quienes tienen participaciones muy limitadas (…).

Si el Gobierno Federal comprendiera que esta reforma impacta y apoyara en la proporción que va a impactar a los estados, estaríamos en otras condiciones”, apuntó el magistrado.

 

Redacción