Durante el noviazgo no hay ninguna responsabilidad legal que obligue a las personas a continuar juntas

En opinión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes (CEDHA), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, la iniciativa del grupo parlamentario del PAN para tipificar como delito la violencia en el noviazgo es imprecisa y podría causar incertidumbre jurídica. La propuesta presentada por la diputada María Cristina Urrutia de la Vega, busca reformar el Código Penal a fin de sancionar con hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 100 salarios mínimos a quien cometa cualquier tipo de agresión en el noviazgo.

Sin embargo, el ombudsman consideró que la definición jurídica de “noviazgo” es ambigua, ya que únicamente se describe como “una relación de afecto entre dos personas aunque no vivan juntos”, sin considerar que las relaciones de afecto se pueden compartir entre todo tipo de personas aunque no estén ligadas afectiva o sexualmente. Destacó que a diferencia del matrimonio, durante el noviazgo no existe ninguna responsabilidad legal que obligue a las personas a seguir juntas: “de manera que si te maltrata, puedes despedirte”.

A los cónyuges los une un vínculo jurídico, además de la existencia de familia e hijos, lo que propicia que la parte agredida soporte vejaciones y maltratos. El argumento de dicha iniciativa es que la violencia entre novios está presente en siete de cada diez parejas.

No obstante, para el defensor de los derechos humanos en Aguascalientes, los agresores pueden ser castigados por golpes o lesiones, pero la violencia en el noviazgo no se puede equiparar a la violencia en el matrimonio: “Hay un principio romano que dice que nadie puede ser escuchado alegando su propia torpeza, la propia torpeza no es argumento para ser escuchado jurídicamente, si le golpea que deje esa relación y busque otra pareja”.

En otro tema, Martín Jáuregui denunció que el Congreso local extravió tres iniciativas presentadas por la CEDHA hace más de un año para modificar el Código Civil con el fin de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad sexogenérica en las actas nacimiento y defunción, razón por la que se exhibirán las constancias de entrega de cada una de ellas, en el ánimo de encontrar a los responsables de la pérdida.