Lo anterior permitiría reconocer claramente los escenarios de crisis donde deben aplicarse protocolos específicos de seguridad

 Los altos índices de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional requieren aumentar la coordinación institucional y aumentar los mecanismos con los que el Estado puede hacer frente a esta problemática, aseveró la Diputada Arlette Muñoz Cervantes.

Por lo anterior, la legisladora por Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dar al Poder Legislativo la posibilidad de presentar solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ante la autoridad federal.

Con ello, los integrantes de los Congresos Locales, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, podrían participar en el diagnóstico de la problemática en las diferentes entidades del país y robustecer un mecanismo que cuando es aplicado de forma correcta por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, permite la reducción de distintos delitos relacionados con la violencia de género.

La Diputada Federal del blanquiazul precisó que hoy en día dicha alerta sólo ha sido aplicada en 41 Municipios de cuatro estados de la República: Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán; siendo que entidades como Nuevo León, Chihuahua, Chiapas y el Distrito Federal, lideran la media nacional de feminicidios, agresiones sexuales y casos de violencia doméstica. Sin embargo, a pesar de los registros de patrones generalizados de ataques y discriminación en perjuicio de las mujeres en dichos territorios, las solicitudes de alerta de género que han presentado organizaciones de la sociedad civil en estas entidades, se han visto obstaculizadas por la negativa de las autoridades para reconocer una situación de crisis.

Destacó que la posibilidad de que la alerta de violencia de género provenga desde el Poder Legislativo ejercería mayor presión sobre el Gobierno Federal y los Ejecutivos Estatales, para reconocer una problemática que en los últimos 10 años ha crecido de manera exponencial y que hoy cobra la vida de más de 2,500 mujeres al año en todo el país, de acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La legisladora federal por Aguascalientes aseguró que una situación de violencia contra las mujeres que se ha extendido a casi todo el territorio nacional, requiere de una coordinación institucional que permita reconocer claramente los escenarios en los que deben aplicarse protocolos específicos de seguridad para salvaguardar su integridad. Por ello enfatizó el valor de esta iniciativa, que se inscribe en el marco de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las Mujeres 2016” de la ONU Mujeres, y que busca atacar la discriminación que surge desde el plano institucional puesto que impide la aplicación eficaz de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo.

 

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